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138 organizaciones de 33 países piden en una carta abierta una legislación sólida sobre la cadena de suministro de la Unión Europea.
En una carta abierta, 138 organizaciones de 33 países piden a la Comisión Europea que imponga a las empresas fuertes obligaciones en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos en la ley de la cadena de suministro de la UE, con el fin de combatir las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente causadas por la minería y la agroindustria en el Sur Global.
Las organizaciones piden que los derechos de participación ambiental contenidos en el Acuerdo de Escazú, vigente en Latinoamérica y el Caribe, se incluyan como norma obligatoria en la Ley de la Cadena de Suministro europea.
Lea la carta abierta a la Comisión Europea aquí.
La ley de la cadena de suministro de la UE debe repercutir en la extracción de materias primas
La Comisión Europea está elaborando un reglamento para la UE que obligaría a las empresas a evitar las violaciones de los derechos humanos y la destrucción del medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales. El año pasado, el Bundestag (Parlamento Federal Alemán) aprobó una ley sobre la cadena de suministro para las empresas alemanas, lo cual supone un primer paso importante en materia de empresas y derechos humanos. Sin embargo, esta contiene numerosas deficiencias, por ejemplo, establece obligaciones débiles para las empresas de la cadena de suministro más profunda. En el caso de los proveedores indirectos, empresas que extraen materias primas, por ejemplo, no tienen que aplicar medidas de debida diligencia de forma sistemática, sino solo de forma puntual.
"La minería y la agroindustria suelen ser los sectores donde se cometen las más graves violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, la ley de la cadena de suministro de la UE debe agotar todas las medidas para proteger a las personas afectadas. Entre ellas se encuentran: Obligaciones de diligencia debida a lo largo de toda la cadena de suministro, fuertes obligaciones de protección del medio ambiente y el derecho de acción civil para los afectados", exige Christian Wimberger, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la Iniciativa Cristiana Romero (CIR).
Hay que prevenir la violencia en la minería
Muchas de las organizaciones firmantes de los países de América Latina y otras regiones del Sur Global conocen de primera mano los efectos de la producción de materias primas. En el caso de los proyectos mineros y los monocultivos, se destruyen ecosistemas enteros y se priva a las personas de sus medios de vida. Si se resisten, a menudo son reprimidos por las autoridades estatales o incluso asesinados por grupos criminales.
La agresividad con la que se satisface la demanda de materias primas de la industria se puso de manifiesto en el conflicto por una mina de níquel en el departamento guatemalteco de El Estor, a finales de 2021. Cuando las comunidades indígenas bloquearon una carretera de acceso en protesta por los graves impactos ambientales de la explotación minera, el gobierno declaro un estado de emergencia parcial que permitió que cuerpos militares reprimieran las manifestaciones con violencia. En los últimos años, varios opositores al proyecto minero, dirigido por la empresa ruso-suiza Solway Investments, han sido asesinados.
"A pesar de que el Tribunal Constitucional ha anulado la licencia minera, la empresa simplemente sigue operando. Las comunidades afectadas se quejan de la intensidad de la minería y de la contaminación que provoca. Representantes del pueblo originario Q'eqchi' están detenidos por resistirse. Al imponer el estado de excepción, el gobierno está restringiendo derechos básicos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de circulación. Pedimos a la Unión Europea que garantice la salvaguarda de los derechos de las comunidades q'eqchi´ y que envíe una misión de observación a la región", exige la organización guatemalteca Colectivo Madre Selva.
La UE importa grandes cantidades de materias primas
Desde hace años, Guatemala exporta a Grecia níquel que se utiliza en el acero y en las baterías de los coches eléctricos. Los países de la UE, sobre todo Alemania, importan enormes cantidades de materias primas: desde materias primas agrícolas como el aceite de palma y el azúcar hasta minerales como el litio, el cobre y el cobalto. Por tanto, las empresas europeas deben ser obligadas a luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.
"Con la implementación de los derechos ambientales en la Ley de la Cadena de Suministro de la UE, ésta tiene la oportunidad de dar un primer paso para corregir por fin la desigualdad y la violencia que históricamente ha caracterizado la extracción de materias primas para sus empresas", afirma Pedro Cabezas, coordinador de la Alianza Centroamericana contra la Minería en Centroamérica (ACAFREMIN).
La importancia del Acuerdo de Escazú
Las organizaciones firmantes consideran que el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor en 12 países de América Latina y el Caribe en 2021, es una herramienta importante para promover la justicia ambiental en las cadenas de suministro. El innovador acuerdo establece los siguientes derechos para los afectados:
- acceso a la información medioambiental
- participación en los procesos de toma de decisiones sobre intervenciones medioambientales
- acceso a la justicia
- la protección de los defensores de los derechos humanos
Las 138 organizaciones piden a la Unión Europea que añada el acuerdo y sus principios a la lista de normas internacionales que deben cumplir las empresas en sus actividades de debida diligencia.
Para mayor informacion:
- Pedro Cabezas, ACAFREMIN: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Christian Winberger, Christliche Initiative Romero (CIR): Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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A nivel nacional entre las problemáticas más sentidas por causa del monocultivo de caña de azúcar son las quemas de los cultivos para la zafra. Las afectaciones en las comunidades son diversas y van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre por el fuego, afectación de cultivos de alimentos, y generación de gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático. Es urgente que el Estado salvadoreño actúe.
Las quemas son realizadas por los productores de caña de azúcar, violentando el articulo 262 A del Código Penal que prohíbe la quema de cualquier cultivo. Ante esta ilegalidad, evidenciada y constantemente denunciada por las comunidades afectadas y organizaciones ambientalistas, la agroindustria azucarera afirma que no son responsables de los siniestros, si no que es obra de mano criminal. Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales. En 2021, solo durante los meses de enero a abril sucedieron 44 incendios forestales que afectaron más de 800 hectáreas de territorio y según el Ministerio de Gobernación, el 95% de dichos incendios son provocados.
Sin embargo, el accionar de las autoridades siempre es reactivo, no se ve una gestión preventiva como podría ser la aplicación efectiva de la ley y la vigilancia oportuna para evitar la quema de cultivos, especialmente de caña de azúcar.
Por estas razones, las comunidades afectadas y las organizaciones que impulsamos la campaña Azúcar Amarga, exigimos al Estado salvadoreño, particularmente al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, con sentido de urgencia:
1. Al MARN: Que asuma un rol activo y protagonista en un esfuerzo para prohibir explícitamente la quema en los cultivos de caña de azúcar. Se trata de una práctica agrícola dañina para las personas y la naturaleza.
2. A la FGR: Que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de los incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar.
3. A la PDDH: Que retome su rumbo en el sentido de acompañar a las víctimas de violaciones a sus derechos, como lo que está pasando con las comunidades afectadas por el monocultivo de caña de azúcar.
San Salvador, 16 de febrero de 2022.
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Desde que la Asamblea Legislativa legisló de manera unánime la prohibición de la minería metálica, en marzo del 2017, organizaciones ambientalistas han demandado que el Gobierno Salvadoreño tome la iniciativa para generar un dialogo con Gobiernos vecinos de Guatemala y Honduras para proteger las cuencas compartidas.
Esta demanda se basa en la existencia de proyectos mineros transfronterizos que amenazan con contaminar el agua y agravar la crisis hídrica de nuestro país. Actualmente, la amenaza más inmediata la representa el proyecto minero Cerro Blanco, un proyecto de mina subterránea ubicado en Asunción Mita Jutiapa, que desde el 2007 (14 años) intenta fallidamente extraer oro y plata y que ahora busca convertirse en una mina a cielo abierto.
Desde sus inicios organizaciones ambientalistas hemos demandado la clausura de dicho proyecto ya que la empresa minera nunca supero observaciones técnicas realizadas por el entonces equipo de evaluación del Ministerio de Energía y Minas y no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría. Violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población.
El pasado 21 de diciembre, la empresa desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco Elevar Resources quien es una subsidiaria de la empresa minera canadiense Bluestone Resources quien compro la mina en 2017, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) solicitando se le autorice convertir la mina subterránea a minaría a cielo abierto.
La minería a cielo abierto es una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana. Alertamos sobre este nuevo intento del proyecto minero Cerro Blanco de intentar doblar las leyes ambientales de Guatemala y evitar realizar todo el debido proceso que implica entre otras cosas la realización de una consulta amplia en las comunidades que se se verían directamente afectadas por este cambio.
Recalcamos que, sin haber aun comenzado la etapa de explotación, la mina Cerro Blanco ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa y pone en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento por más de 13 años, ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de aldeas aledañas y obliga a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder a agua. Como organizaciones sociales de Guatemala, El Salvador, comunidades de Metapán y Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala considere suficiente la “actualización” del Estudio de Impacto Ambiental presentada.
Las magnitudes de los cambios solicitados van desde procesar 1000 toneladas diarias de material a procesar 10,952 toneladas diarias y de extraer 3.31 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 km a extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370mt y 1200mt de largo. Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud.
En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, una extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%. El río Ostúa drena en el Lago de Güija y por lo tanto al Rio Lempa.
Según la actualización presentada, este será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas de los pozos de abatimiento y de las aguas mina. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, traerá prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Estos impactos no se contemplan en el actual estudio. Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.
En sus comunicados de prensa y reportes a sus accionistas, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata.
AsImismo, es de nuestro conocimiento que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río Ostúa no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Ante este inminente riesgo para las comunidades de Asunción Mita y para todas las que habitan y se abastecen del río Lempa exigimos:
1- Al Sistema de Integración Centroamericana y a los gobiernos de Guatemala y El Salvador, que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel para trabajar en un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas que busque la protección de cuencas compartidas.
2- A las instituciones multilaterales, velar por la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
3- Que ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible, se aplique el principio precautorio y se adopten medidas de protección para garantizar los derechos de la población. Llamamos a los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de empresas transnacionales o nacionales que ponen en riesgo y destruyen la vida de esta y las próximas generaciones.
Llamamos a la población de El Salvador y Guatemala a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
San Salvador 15 de febrero de 2022
¡Fuera mineras de nuestras fronteras¡
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Las organizaciones aglutinadas en la Alianza Centroamericana frente la Minería celebramos el veredicto de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declara nulo el proceso criminal iniciado por la empresa minera Inversiones Los Pinares contra 32 personas defensoras del agua del municipio de Tocoa Colón, en noviembre del año 2018.
Los acusados han sido objeto de una campaña sucia de desprestigio público y criminalización estatal por sus actividades de defensa ante la ilegalidad de un proyecto minero de óxido de hierro que pone en riesgo las reservas ecológicas dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen los ríos Cauca, San Pedro, Guapinol, Ceibita y Tocoa; que se extienden a la región del Aguán en los departamentos de Colón, Olancho y Atlántida y abastecen de agua potable a la población.
Ocho de los 32 defensores que fueron acusados por la empresa han permanecido injustamente bajo prisión desde agosto del año 2019 y seis fueron declarados culpables por el Tribunal de Sentencia de Trujillo por delitos de daños agravados y detención agravada el pasado 9 de febrero.
A pesar que durante el proceso de audiencia la defensa evidenció la fabricación de pruebas por parte del Ministerio Público, la falsedad de los testimonios de los testigos, quienes son empleados de la seguridad privada de Inversiones Los Pinares, y la colusión entre el ministerio público, la empresa y los miembros del Tribunal de Sentencia.
El proceso de criminalización de las personas defensoras de Tocoa refleja un patrón que se repite en toda la región Centroamericana y que manifiesta la captura de las instituciones estatales por parte de intereses empresariales. Bajo este escenario, la acusación, investigación y audiencias públicas contra personas defensoras del medio ambiente se realizan bajo contextos judiciales que transgreden la garantía de derechos humanos fundamentales como el debido proceso y presunción de inocencia, consagrados en las constituciones de nuestros países y en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Como Alianza celebramos el fallo de la Corte Suprema de Honduras lo consideramos como un buen primer paso para corregir injusticias perpetradas contra personas defensoras de derechos por más de una década. Nos unimos al espíritu celebratorio de las diversas organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales que han acompañado esta lucha y felicitamos al equipo defensor y los miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa por su férrea defensa de los derechos humanos y la vida de las comunidades de Tocoa.
Enviamos un mensaje fraterno, solidario y firme a nuestros compañeros quienes todavía guardan prisión, demandamos su pronta liberación y la reparación por daños y prejuicios a sus familias. Finalmente, afírmanos nuestro compromiso de seguir acompañando la lucha por la cancelación de las licencias mineras otorgadas de manera ilegal en Tocoa.
11 de febrero de 2022
¡Justicia y libertad para los defensores de Guapinol! #GuapinolInocent
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El pasado 21 de diciembre, la empresa minera Elevar Resources desarrolladora del proyecto minero Cerro Blanco en Asunción Mita Jutiapa, entregó al Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala una actualización del Estudio de Impacto Ambiental 2007 (EIA-329-2007) en la cual, solicita transformar la mina subterránea a una mina a cielo abierto, una forma de minería mucho más agresiva para el medio ambiente y peligrosa para la salud humana.
En 2017 la empresa minera canadiense Bluestone Resources, matriz de la empresa Elevar Resources (antes Entremares), adquirió los derechos del proyecto sin tomar en cuenta que: la empresa minera Entremares nunca supero observaciones hechas por un equipo técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre la viabilidad de la misma, no informo debidamente a la población de Asunción Mita sobre los graves impactos a la salud, al medio ambiente y el agua que la minería tendría en su territorio, violentando así el derecho a la consulta previa, libre e informada de la población y que en 14 años Cerro Blanco no ha logrado extraer ni una onza de oro o plata. Evidencia del fracaso de la mina es que de los 63 elementos de infraestructura que fueron aprobados en el EIA-329-2007, solamente 19 se han construidos. Sin embargo, desde 1998 hasta 2020 la empresa ha realizado 739 perforaciones para exploración y 17 pozos de abatimiento que desde 2007 han bombeado agua termal continuamente para intentar bajar el nivel freático del acuífero y poder iniciar la extracción.
Sin haber comenzado la etapa de explotación, la mina ya ha causado graves impactos sociales y ambientales de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador. El drenaje permanente de aguas termales y en bombeo en los pozos de abatimiento de la mina por más de 13 años ha contribuido a la desecación de fuentes de agua de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo el nivel de las capas de agua subterránea y obligando a las comunidades a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua. Esto en un contexto de cambio climático y de extrema sequía en el corredor seco Centroamericano.
Como organizaciones sociales de Guatemala y El Salvador, y comunidades de Asunción Mita, expresamos nuestra preocupación ante los impactos socio-ambientales que este proyecto de minería a cielo abierto pueda generar y exigimos que se realice un estudio de impacto ambiental nuevo junto a una evaluación integral de la cuenca que sea de carácter binacional con participación de ambos gobiernos.
No aceptamos que se presente una “actualización” de un proyecto que iba a procesar 1000 toneladas diarias, para uno que ahora busca prosear 10,952 toneladas diarias. Un proyecto que iba a extraer 3.31 millones de toneladas en un túnel de 73.4 km a uno que ahora busca extraer 144.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 m. Material que posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros que generará drenaje ácido y polvos dañinos para la salud. En total la mina estima que extraerá durante los 12 años de explotación cerca de 38.4 millones de m3 de agua, extracción que afectará el acuífero local por más de 32 años. Según el modelo que presentan los ríos y riachuelos afectados principalmente serán Tancushapa, Tempisque, San Francisco y el río Ostúa que drena a El Salvador. Todas muestran reducciones fuertes del caudal entre 10% y 70%.
El río Ostúa además según la actualización presentada, será utilizado para el vertimiento de las aguas extraídas. Esto a pesar que el Ministerio de Relaciones exteriores de Guatemala informó a El Salvador el 21 de diciembre de 2021 que el río no sería utilizado por la minera y que por lo tanto no afectaría la cuenca del río Lempa. Preocupa además que en el actual plan de monitoreo presentado para las aguas vertidas, no existe un control para otros metales pesados y la planta de tratamiento solamente contempla el tratamiento de arsénico.
Todos estos efectos traerán desplazamiento, pobreza, enfermedades, y conflictividad, pero también la mina con los 500 trabajadores que pondrán para la construcción, trae prostitución, trata y violencia para las mujeres de las comunidades. Este no se contempla en el actual estudio.
Denunciamos también ante las autoridades competentes, la poca o nula transparencia en la adquisición del proyecto por parte de la empresa Bluestone y su subsidiaria Elevar Resources.En sus comunicados de prensa, Bluestone Resources manifiesta que, ya cuenta con los permisos por parte del gobierno guatemalteco y que solamente necesitan la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para iniciar la explotación de la mina por un periodo de 11 años y extraer 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata. Ante esta situación:
- Llamamos a la población a exigir el cierre definitivo del proyecto minero Cerro Blanco, que en 14 años de operación ha contaminado con arsénico y metales pesados el río Ostúa tributario del lago de Guija y el río Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita, las comunidades de Metapán que viven en la ribera del lago de Guija y a los más de 3 millones de salvadoreños y salvadoreñas que dependen del río Lempa.
- Exigimos a los gobiernos de Guatemala y El Salvador que retomen con carácter de urgencia una comisión binacional al más alto nivel que fomente la negociación de un Tratado Regional de Aguas Transfronterizas, que establezca la protección de cuencas compartidas, auxiliándose del Sistema de Integración Centroamericana y de Instituciones Multilaterales para la implementación de una Evaluación Ambiental Estratégica de cuencas transfronterizas, que garantice la sostenibilidad hídrica para la población guatemalteca y salvadoreña.
- Ante la falta de certeza científica sobre los impactos verdaderos de la minería a cielo abierto en una región ambientalmente sensible demandamos que se aplique el principio de “precaución” y que adopten de medidas de protección para garantizar los derechos de la población.
- A los gobiernos de la región a adoptar políticas de desarrollo económico, que fomenten la sostenibilidad y la utilización de los bienes comunes en beneficio de las grandes mayorías de nuestra región, regulando las Inversiones Extranjeras Directas (IED), a efecto de reducir los impactos socio ambientales, que pongan en riesgo el futuro y la vida de esta y las próximas generaciones.
Firman
Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador
Alianza Centro American frente a la Minería
Consejos Comunitarios de Desarrollo de Asunción Mita
Colectivo Madre Selva Red
Trinacional por el Rescate del Río Lempa
Movimiento Ecofeminista de El Salvador
Guatemala 7 de enero de 2022
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Está ampliamente documentado que el monocultivo de caña con sus perjudiciales métodos de producción destruye la biodiversidad, deteriora los suelos agrícolas, agota y contamina las fuentes de agua, altera el microclima, contamina el aire y provoca enfermedades crónicas en la población.
La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país, pero esto conlleva altos costos ecológicos y sociales.
Una de las grandes preocupaciones son los impactos en el agua. Cultivar caña y producir azúcar requiere de un elevado suministro de agua. Este monocultivo se produce en la época más calurosa y seca del año y los cultivos dependen en gran medida de la irrigación. Las comunidades circundantes a los campos de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de caña y la falta de regulación gubernamental del uso del agua.
Si bien, el pasado mes de diciembre se aprobó la Ley General de Recursos Hídricos, nos preocupa que esta tiene un enfoque privatizador y que lejos de enfrentar la problemática hídrica del país, los profundiza, beneficiando y protegiendo a los sectores que históricamente han abusado y contaminado el agua, como es el caso de la agroindustria azucarera.
En la actualidad, el monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica de caña, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.
Este uso abusivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
Por tanto, como organizaciones que acompañamos a comunidades en condición de vulnerabilidad, que reivindicamos los derechos humanos de la población y que trabajamos por la justicia ambiental, exigimos:
- Que el Estado salvadoreño cumpla y haga cumplir efectivamente la legislación vigente para regular y evitar los abusos que comete la agroindustria del azúcar.
- Que se implementen políticas públicas dirigidas a eliminar los impactos que causa esta industria en la salud, la calidad de vida y los ecosistemas a nivel
- Que reformen los aspectos contenidos en la Ley General de Recursos Hídricos que promoverían una privatización del agua (asocios públicos privados y concesiones) y la injusticia hídrica en El
Finalmente, hacemos saber a la opinión pública que continuaremos, cada vez con mayor fuerza, con la campaña “Azúcar Amarga” denunciando los graves impactos del monocultivo de caña de azúcar y los abusos de la agroindustria azucarera, así mismo, estaremos vigilantes del rol que asuma el Estado, ante todos estos crímenes sociales y ambientales.
#AzucarAmarga
San Salvador, 31 de enero de 2022.
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El día 21 de diciembre del presente año, la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa en un madrugón aprobó la Ley General de Recursos Hídricos. Ante ello, el Foro del Agua, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa de las Iglesias y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señalamos sobre dicha Ley:
La Ley continúa perjudicando a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas. Esta mantiene el espíritu con que fue presentada en junio pasado por el presidente de la República, es decir una Ley que profundiza la injusticia hídrica. Entre los mecanismos que generan esta injusticia es el cobro del canon a las Juntas de Agua Rurales y Urbanas y que el uso para el abastecimiento de poblaciones no se considera como prioritario.
En El Salvador existen más de 2500 juntas de agua potable rurales y urbanas que abastecen casi al 25% de la población salvadoreña; esta es una obligación del Estado que históricamente ha sido abandonada, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades, con apoyo de las ONG y cooperación internacional.
Si bien la Ley reconoce de manera nominal a las Juntas, no se crea la figura del Permiso de Abastecimiento de Poblaciones Rurales y Urbanas, por medio del cual se pretendía que, en virtud de la función social sin finalidad lucrativa de las Juntas de Agua, la extracción del agua por parte de estas estuviera exento del canon. En consecuencia, al no incorporar esta figura, las Juntas estarán obligadas al pago del canon, lo que podría generar un incremento en las tarifas de las personas de estos sistemas comunitarios, siendo las personas más empobrecidas del país.
Si bien la Ley regula como uso prioritario el uso doméstico y el uso para consumo humano, no incluye el uso para abastecimientos de poblaciones. Los dos primeros son para satisfacer las necesidades básicas familiares de ingesta, aseo personal, limpieza, incluyendo el abrevadero de animales domésticos que no constituya una actividad comercial o lucrativa; mientras que, el uso de abastecimiento de poblaciones es el uso colectivo y sin fines de lucro para abastecer de determinada cantidad y calidad a las comunidades. En este último entran las Juntas de Agua. En consecuencia, al no incorporar el uso de abastecimiento de poblaciones como prioritario en el artículo 63 de la Ley, esto generaría que, por ejemplo, en un conflicto entre el abastecimiento de poblaciones y uso industrial, se corra el peligro que se priorice en el industrial.
No resuelve la injusticia que generan los Convenios suscritos por ANDA y empresas constructoras. Otro de los mecanismos que genera injusticia hídrica, y favorece el robo y despojo son los convenios entre ANDA y las oligarquías de la industria de la construcción. Este Gobierno continúa suscribiendo convenios entre ANDA y las oligarquías de la construcción, mediante los cuales les entrega agua en concesión para el abastecimiento de sus proyectos urbanísticos, generando con ello escasez en poblaciones empobrecidas; como casos duros de estas prácticas tenemos los Convenios suscritos por ANDA con la Familia Dueñas y
la Familia Poma mediante los cuales asigna inconstitucionalmente más de 25 millones de litros de agua al día. Con esta agua ANDA podría abastecer a medio millones de personas, terminando con el desabastecimiento y la injustica en municipios empobrecidos de Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango y San Martín.
Esta Ley no resuelve estas injusticias, porque en el contenido de esta no se determina que la ANDA estará obligada en transparentar ante la ASA los convenios vigentes de cooperación con empresas constructoras, tomando en cuenta que la ASA debería ser la encargada de revisar dichos permisos y la competente en tramitar nuevas autorizaciones para el aprovechamiento de conformidad al procedimiento respectivo; además, en el orden prioritario para el uso y aprovechamiento del agua, los grandes proyectos urbanísticos, por su finalidad lucrativa, deben estar al mismo nivel que el uso industrial y comercial, esto se debería establecer expresamente en el cuerpo normativo para que no se priorice el abastecimiento de estos proyectos como uso para necesidades primarias, como se ha hecho hasta la fecha.
Tampoco resuelve la injusticia que se genera en el territorio marino costero del país. La explotación ilegal que realiza la agroindustria azucarera en la zona costera, quienes se escudan en la debilidad estructural que enfrenta el MAG para regular el uso del agua para riego agrícola, causa que la oligarquía azucarera (encabezada por la Familia Regalado) pueda usar libremente toda el agua superficial y subterránea de los territorios costeros, teniendo o no permisos y pagando una miseria por el uso del agua. Sin embargo, esta Ley no busca el fortalecimiento de la institucionalidad y el MAG.
Niega la participación ciudadana. Esta Ley crea una institucionalidad burocrática, vertical y centralizada porque sigue negando la participación ciudadana al no reconocer los Comités de Cuencas.
Esta Ley es genérica al no tratar de resolver la situación de crisis en el país. No desarrolla una gestión sustentable de cuencas a nivel nacional, ni medidas encaminadas a su protección y conservación y pesar que el Río Lempa es la reserva estratégica acuífera más importante del país y que se encuentra en crisis, esta no otorga un Régimen de Administración Especial para este Río; y no aborda con detalle el Sistema de Planificación Hídrica, ni las amenazas transfronterizas que pueden impactar en la cuenca de este río.
Es una ley que privatizara el agua en El Salvador. Según el Art. 71 de la ley, la ASA autorizará el uso del agua a sectores privados en cantidades iguales o mayores a 365,000 metros cúbicos de agua al año por 15 años renovables lo que implicaría que estas grandes cantidades de agua no estarían disponibles para usos prioritarios como el consumo humano doméstico, violentando el derecho humano al agua de la población y en especial de los más pobres y vulnerables.
Como organizaciones sociales continuaremos en la exigencia de una Ley General de Aguas que garantice la sustentabilidad y el derecho humano a la población, por encima de los intereses de cualquier grupo oligárquico del país.
San Salvador, 22 de diciembre de 2021.
¡El agua no se vende, se cuida y se defiende!
¡El agua es un derecho, no una mercancía!
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COMUNICADO
PROYECTO CERRO BLANCO EN ASUNCIÓN MITA, GUATEMALA ES TÓXICO PARA EL MEDIO AMBIENTE, LAS PERSONAS Y LA SOCIEDAD
Desde el año 2007, hace 14 años ENTREMARES S.A. obtuvo la licencia de explotación del proyecto minero Cerro Blanco, gracias a los favores recibidos de parte del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que le aprobó un pésimo estudio de impacto ambiental, a pesar de que el equipo de Gestión ambiental del Ministerio, lo rechazo en dos ocasiones por las inconsistencias y falta de información donde aseguraban que no habría impactos al ambiente y a la población.
14 años después se han acumulado una serie de impactos que ponen en riesgo el agua, el ambiente, y la salud de los habitantes de Asunción Mita. El daño alcanza también a la población salvadoreña al contaminar la cuenca media del Rio Lempa lo que afectaría a más de 6 millones de salvadoreños.
Las ilegalidades y abusos cometidos por Entremares S.A. y su fracasado proyecto minero Cerro Blanco, nunca pudieron extraer un gramo de oro, por causa del pésimo Estudio de Impacto Ambiental, que le fue aprobado fraudulentamente por el Ministerio de Ambiente, para que el Ministerio de Energía y Minas les aprobara la licencia de explotación minera, y protegiera los intereses de un proyecto fracasado durante 14 años.
Luego Entremares S.A. se asoció con Gold Corp, empresa canadiense que al darse cuenta de que el proyecto minero era un fracaso anuncio en 2013 que vendería sus acciones, Así Entremares S.A. se quedó solamente protegido por el MEM que les mantuvo vigente la licencia de explotación inventando que la mina estaba en fase de mantenimiento, situación no prevista en la ley de Minería, a pesar de que el MEM debió haber cancelado esta licencia en 2010, pues la ley de Minería ordena que si la empresa en 2 años no ha extraído material y no ha tributado al Estado, debe ser cancelada y cerrada, pues lo único que ha extraído Cerro blanco durante 14 años es un gran volumen de agua termal, rica en arsénico y otros metales, causando graves impactos sociales y ambientales en el territorio de Asunción Mita.
Ahora ENTREMARES S.A. aprovechando que el Ministerio de Energía y Minas incumplió la ley y sus deberes al no cancelarles la licencia de explotación, les dio tiempo necesario para que la empresa Gold Corp pudiera vender los derechos mineros a una empresa canadiense BLUESTONE RESOURCES, que pretende continuar con el Proyecto Cerro Blanco cambiando la metodología de minería subterránea de túneles, por una minería a cielo abierto o tajo abierto, que es mucho más destructiva y cuyos daños al ambiente y al agua son irremediables e irreversibles.
La mina cerro blanco no solo no fue aprobada legalmente, sino que además incumplió con la ley en 2007, al no informar ni consultar debidamente a los vecinos de Asunción Mita sobre los graves impactos a la vida, al agua, a la salud y al ambiente y tampoco dimensiono los impactos más allá de la frontera pues la contaminación se extenderá hacia la cuenca baja del río lempa afectando a millones de salvadoreños. No podemos permitir que se repita la violación continuada del derecho a la información y consulta a los vecinos.
La mina Cerro Blanco en 14 años de fracaso, ha causado la contaminación de la Cuenca Ostúa – Guija – Lempa, afectando y poniendo en riesgo a las poblaciones de Guatemala y El Salvador, también ha contribuido al secamiento de fuentes de agua como es el caso de las aldeas Trapiche Vargas y el Tule, reduciendo la humedad de la capa freática y obligando a profundizar los pozos artesanales para poder acceder al agua, con una minería a tajo abierto, se desequilibran las aguas termales y contaminaran las aguas subterráneas, los pozos se secaran y las aldeas cercanas no podrán acceder al agua, lo que causaría daños a la agricultura y principalmente a la salud de las personas.
La Nueva empresa que recién se cambió el nombre de Entremares S.A. a ELEVAR RESOURCES está tratando de comprar la voluntad de las comunidades cercanas, con ofrecimientos de carreteras, pintura de escuelas, ofreciendo trabajo igual como hizo en 2007 y después al fracasar su proyecto, despidió a la gente de las aldeas incumpliendo sus promesas, muchos trabajaron sin prestaciones laborales, otros tuvieron accidentes y fueron despedidos sin atención médica, ahora esos trabajos técnicos son para otros que no son de las comunidades.
BLUESTONE RESOURCES, aun no cuenta con la licencia ambiental y el Ministerio de ambiente no les ha exigido como nuevos dueños la presentación de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental, como corresponde sino que lo presentan como una actualización del pésimo y fracasado estudio que nunca les permitió trabajar, lo cual pone en riesgo el patrimonio y la vida de las personas de Asunción Mita, Jutiapa, esto sería un acto criminal pues no han informado debidamente a la población y a sus autoridades para reflexionar y enterarse de los peligrosos impactos que trae la minería a cielo abierto para el presente y futuro del municipio, lo que amerita en base a nuestras leyes y al Código Municipal vigente que los vecinos decidan libremente y a conciencia si están de acuerdo o no con este proyecto que pone en grave peligro la vida, el agua, el territorio, la Biodiversidad, la salud y el futuro de las nuevas generaciones de Asunción Mita y El Salvador.
La empresa pretende con ofrecimientos de proyectos, becas y trabajos disfrazar una verdadera consulta y simular que se consultó debidamente a los vecinos, si la gente no está informada ni conoce verdaderamente los graves daños a la tierra, al agua, a la biodiversidad y a la vida de las personas, no está en condiciones de ejercer su libre determinación, por lo que se hace necesaria y urgente la realización de una consulta de vecinos, para informar y consultar debidamente a todos los habitantes de Asunción Mita, fundamentada la Constitución Política de la República y en el Código Municipal vigente.
La empresa ELEVAR RESOURCES pretende llevarse 2,400,000 onzas de Oro, a $ 1,804.09 dólares la onza. Que equivale a un total de $ 4,329,816,000.00 más 10 millones de onzas de plata que equivalen a $ 220,000,000.00 que sería su ganancia real, mientras el Estado percibiría en 10 años en impuestos y regalías apenas Q. 25,000.000.00 y a la Población de Asunción Mita solamente le quedaran, el ambiente degradado, tierras estériles y destruidas, agua contaminada de por vida por el drenaje ácido de Mina, fuentes de agua secas, ríos y lagos contaminados, y un conflicto binacional con El Salvador por dañar las aguas compartidas, además de los daños a la salud a la población de Asunción Mita y El Salvador por riesgo de padecimientos como el Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico -HACRE- y otras enfermedades asociadas a la minería, enfermedades de la piel, renales y cáncer, así que debemos decidir y valorar que, si bien EL ORO TIENE PRECIO, LA VIDA NO.
Ante esta situación
Llamamos a la población de Asunción Mita, a rechazar esta maniobra de la empresa BLUESTONE RESOURCES – ELEVAR RESOURCES que pretende engañar otra vez a las comunidades y presentarse como una empresa nueva, pero que sigue con las mismas ilegalidades, engaños y violaciones de derechos heredados de la empresa delincuente Entremares S.A. Así los ofrecimientos de proyectos, abono, dinero, becas y trabajos, lo presentaran como una encuesta, como una consulta de aprobación de un proyecto que aún no cuenta con las licencias respectivas, ante esto se debe respetar el derecho a información y consulta y los Derechos Humanos de los pueblos de Guatemala y El Salvador.
Los guatemaltecos, salvadoreños y vecinos conscientes de Asunción Mita, exigimos la no aprobación de la licencia ambiental y el cierre definitivo del fracasado proyecto minero Cerro Blanco, que sigue vivo gracias a la corrupción de funcionarios negligentes que son los responsables de haber permitido la contaminación del municipio de Asunción Mita y la cuenca del Rio Ostúa, El lago de Guija, y el Rio Lempa, violentando el derecho humano al agua, al ambiente sano, a la vida y la salud de la población de Asunción Mita y millones de hermanos salvadoreños.
NO AL PROYECTO MINERO CERRO BLANCO, SI AL AGUA Y A LA VIDA DE LOS PUEBLOS.
- SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DE ASUNCIÓN MITA Y EL SALVADOR,
- COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN, PROVINCIA FRANCISCANA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE C.A.P. Y LA MISION DE LA SANTA CRUZ EN HAITI.
- COLECTIVO MADRESELVA
- ALIANZA CENTROAMERICANA FRENTE A LA MINERÍA -ACAFREMIN-
Guatemala 15 de diciembre de 2021.
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