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Organizaciones sociales y ambientales de El Salvador denunciaron los impactos negativos que genera la agroindustria azucarera en el consumo abusivo del agua, lo que deja a las comunidades en desventaja y empeora la crisis hídrica que ya padecen.

El monocultivo de caña de azúcar utiliza más de 5,600 metros cúbicos de agua por hectárea cultivada, adicionalmente los ingenios usan 10 metros cúbicos de agua para lavar cada tonelada métrica, por lo cual producir un kilo de azúcar requiere entre 1,500 y 3,000 litros de agua.

Este uso excesivo del agua para cultivar caña y producir azúcar, es sumamente preocupante, más aún, considerando que El Salvador es el único país en la región centroamericana que se encuentra con tendencia a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con la más baja disponibilidad de agua por habitante.

Debido a esas cantidades de agua que demanda la agroindustria es que existe gran preocupación por las familias rurales, ya que cultivar caña y producir azúcar se realiza en la época más calurosa y seca del año y las plantaciones de caña extraen grandes cantidades de agua para su irrigacion.

Las comunidades circundantes a las plantaciones de caña reportan que los niveles freáticos han caído dramáticamente en años recientes y lo atribuyen al aumento de la producción de caña y la falta de regulación gubernamental en el uso del agua. Además, expresan preocupación que por la recién aprobada Ley de Recursos Hídricos que abre la posibilidad de  extender permisos de extracción de agua por 15 años renovables a las empresas cañeras y privatizar los sistemas de agua comunitarios.   

Las organizaciones mantienen una campaña de concientización pública que pone al descubierto las prácticas nocivas que se generan en la industria azucarera debido a la contaminación ambiental por el uso de agrotóxicos, quemas de las plantaciones, lo que contamina el agua y aire, por mencionar algunas.

Según los representantes de las organizaciones todas esas acciones nocivas impactan negativamente en la salud de la población generándoles graves padecimientos como insuficiencia renal y enfermedades respiratorias.

La creciente demanda de azúcar en los mercados internacionales estimula la producción a gran escala en el país y en países centroamericanos, lo que conlleva altos costos ecológicos y sociales, por lo que demandan del gobierno salvadoreño que desarrolle políticas públicas para mitigar los daños que causa esta industria y que sus beneficios sean en favor de las mayorías; que reforme la reciente aprobada Ley del agua, ya que está da cabida a la injusticia hídrica y violenta uno de los derechos fundamentales de los humanos como lo es el derecho humano al agua.

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