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19 proyectos extractivos han afectado los territorios de 152 comunidades y provocaron 129 ataques en contra de defensores ambientales y de DDHH.

extractiva

Los proyectos extractivos en Honduras ocasionan conflictividad con las comunidades, el medio ambiente y defensores de DDHH. Las industrias de la minería, la agroindustria (monocultivos), la infraestructura (hidroeléctricas) y madera, presenta los mayores casos de violencia en el territorio nacional, según señala el informe “Derechos Colectivos Vulnerados: Honduras El impacto multidimensional de proyectos extractivos e infraestructura 2017-2019”, de la organización internacional Rights and Resources Initiative & Amazon Conservation Team, publicado el 18 de diciembre del año pasado.

De forma general, el estudio contabiliza 19 proyectos extractivos, los cuales han afectado a 152 comunidades y ha provocado 129 ataques en contra de poblaciones. La mayoría de agresiones fueron cometidas hacia pueblos garífunas e indígenas, con un total de 84 hombre y 45 mujeres que suman el 43.7% de todos los ataques registrados.

“Hay cuatros derechos que destacan por haber sido violados en mas de la mitad de los casos: los derechos a la integridad física y moral (78.9% de los casos), al consentimiento libre previo e informado (78.9% de los casos), a un ambiente saludable (73.7% de los casos) y a la defensa del territorio ancestral (52.6% de los casos)”, cita el informe

Asimismo, del total de los casos, el 57.9% de los territorios de las comunidades fueron invadidas por las instalaciones de estos proyectos. La resistencia y defensa de líderes en contra el extractivismo provocaron amenazas y estigmatización en un 73.7% y 57.9% respectivamente. Estos conflictos dejaron 15 defensores hondureños asesinados, según registró del estudio.

“La deforestación y la contaminación de agua fueron los impactos presentes en más del 70% de los casos. Por otro lado, la alteración de la disponibilidad de agua, los problemas de salud y la inseguridad alimentaria fueron los impactos sociales presentes en más de la mitad de los casos”, dice el informe

Las industrias provenientes de Honduras, Estados Unidos, Canadá, Noruega y Bélgica son las que más riñen con las comunidades. Los proyectos de países extranjeros han violado los derechos de al menos 25 comunidades y han provocado el ataque a 28 hondureños. El país norteamericano está vinculado con las afectaciones sociales y ambientales de 19 comunidades por la instalación de dos proyectos; y Noruega, cuyo único proyecto afecta a 5 comunidades.

Proyectos de infraestructura

Las hidroeléctricas, las construcciones y todo el sector energético son los responsables de la mayoría de casos de conflictividad, con 11 casos que representan el 57,9% de la muestra del estudio.  

De los casos, 51 comunidades fueron afectadas por instalación de hidroeléctricas en sus territorios; mientras tanto, el sector construcción ha vulnerado los derechos de 45 comunidades; y 11 de estas misma riñeron con empresas energéticas.

El estudio contabilizó un total de 13 represas hidroeléctricas, 40 etapas de planeación y 74 proyecto de pequeña escala. La mayoría fueron denunciados por organizaciones ambientales, pueblos indígenas y de DDHH, quienes se pronunciaron ante asesinatos, persecución e intimidación por la defensa de ríos y el medio ambiente.

Los pueblos indígenas Lencas y las comunidades Garifunas son las víctimas de las agresiones y violaciones que cometen la industria en las personas. Entre 2016 y 2019, lideres ambientales garífunas fueron asesinados tras oponerse al despojo del territorio por la instalación de un proyecto de la empresa Sociedad Hidroeléctrica de Masca S.A de C.V. Hidromasca.

“Nuestro pueblo está siendo asesinado por defender nuestros recursos naturales, nuestros territorios y nuestros derechos ancestrales” cita las declaraciones de Miriam Miranda, de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Los territorios de los pueblos Lencas están invadidos por al menos 17 represas construidas en la zona, proyectos reimpulsados entre 2009 y 2010, en el marco del golpe de estado en Honduras y la continuidad de los golpistas en el poder. Las comunidades afectadas ahora reclaman el cumplimiento del derecho a las consultas.

Minería

La instalación de empresas mineras en los territorios riñe y contamina los bienes naturales de las comunidades. Por ejemplo: los proyectos Los Lirios V y Los Lirios IV, de la empresa Los Lirios S. de R.L, de capital estadounidense, son conflictivo 20 comunidades del departamento de Choluteca, al sur de Hondura.

“Las comunidades de Choluteca se han dedicado ancestralmente a la pesca y cultivo de granos básicos para sobrevivir, pero en los últimos años se han enfrentado a políticas que favorecen las exportaciones industriales y permiten el asedio de empresas camaroneras, agroindustriales, fotovoltaicas y mineras, que pretenden extraer las riquezas del territorio”

La industria azucarera

Los monocultivos de caña de azúcar desplazaron a comunidades de la etnia indígena Xicaques o Tolupanes, residentes en la tribu La Candelaria, en el departamento de Yoro.  En 2013, estos pueblos indígenas fueron despojados de sus tierras por el proyecto de la empresa La Azucarera del Norte S.A. Azunosa, terrenos destinados a la industria cañeras.

 “…le arrebaten las tierras a la tribu y luego, bajo la figura de la responsabilidad social empresarial, Azunosa firmó convenios de arrendamiento de esas tierras para destinarlas al monocultivo de azúcar”, cita el estudio.

Los impactos y conflictividad colectiva producto de la industria cañera no se hicieron esperar. En 2017, un líder indígena se negó a entregar otros territorios comunitarios a Azunosa; en respuesta a la negativa, el luchador social fue amenazado, atacado con arma de fuego y criminalizado

“El líder fue atacado nuevamente en 2020, cuando agentes de policía allanaron su hogar y lo detuvieron arbitrariamente, junto con otro líder. Posteriormente fueron criminalizados.”, relata el informe.

Hoy, la tribu La Candelaria hace un llamado de acompañamiento para el líder indígena. Asimismo, piden la protección de las instancias estatales y exigen su actuación con transparencia.

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